¿Es posible evitar la impunidad empresarial?

La sociedad civil se esfuerza para que el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos sea una realidad en esta nueva legislatura Dani Gómez-Olivé, miembro del Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos y responsable de Incidencia Política de Lafede.cat – Organizaciones para la Justicia Global. Bangladesh, 2013. El edificio Rana Plaza, una estructura de ocho pisos, colapsa y mueren 1.134 personas, de las 5.000 que trabajaban. Se calcula que más de 2.500 personas resultan heridas. Este edificio albergaba cinco fábricas de prendas, suministradoras de las principales distribuidoras textiles europeas y americanas, como Benetton, C&A, Carrefour, El Corte Inglés, Inditex, Mango, Primark o Walmart, entre otros. Según los testigos de la época, las trabajadoras tenían miedo a entrar en el edificio y habían denunciado anteriormente los riesgos de derrumbe. De hecho, un día antes de la tragedia el edificio fue evacuado y cerrado por las autoridades. Sin embargo, la mañana del 24 de abril los dueños de las fábricas textiles obligaron a las trabajadoras a entrar. Los bancos y comercios de la planta baja no quisieron abrir por las evidentes afectaciones de la estructura. Las trabajadoras, bajo la amenaza de los dueños, a riesgo de perder el trabajo, acabaron perdiendo sus vidas. Veinte años después las familias de las personas fallecidas y las que resultaron heridas siguen exigiendo responsabilidades. Desgraciadamente, los hechos del Rana Plaza no son aislados. En todo el planeta podemos encontrar casos de vulneraciones sistemáticas por parte de grandes empresas transnacionales que directa o indirectamente operan impunemente en todo el mundo. Sin embargo, existen 3.400 acuerdos comerciales internacionales que las protegen frente a ningún acuerdo vinculante que las obligue a respetar los derechos humanos. Sin embargo, y gracias a la presión social y a la valentía de algunos gobiernos del Sur Global (como en su momento fueron Ecuador y África del Sur), el 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución por la que decidió trabajar para crear un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, para regular que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Pasados diez años todavía no se ha llegado a ningún acuerdo por la oposición de los gobiernos del Norte Global, principalmente los de la Unión Europea y Estados Unidos de América, que trabajan abiertamente a favor de los intereses de los capitales transnacionales. Sin embargo, la resolución se mantiene viva con la esperanza de que algún día se dispondrá de un mecanismo internacional desde el que se pueda exigir responsabilidad empresarial y obligar al capital transnacional a cumplir con los derechos humanos. Y ante esto, ¿qué podemos hacer nosotros desde Cataluña? Frente a esta realidad, en noviembre de 2014 se creó en nuestro país el grupo catalán de empresa y derechos humanos. Este grupo está formado por más de veinte entidades provenientes de dos plataformas de segundo nivel, Lafede.cat – Organizaciones para la Justicia Global y la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Además, cuenta con el apoyo de expertos de la academia, provenientes de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​la Universidad de Barcelona, ​​la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad del País Vasco. Desde su creación, el grupo catalán trabaja con el objetivo de que las instituciones catalanas creen un centro público, el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos – CCEDIH. La principal función de este nuevo centro sería garantizar que toda empresa que opera en Cataluña o presta servicios a cualquier administración pública catalana cumpla escrupulosamente con el respeto de los derechos humanos, tanto en el territorio catalán como en el exterior. La propuesta de creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos es pionera, a nivel internacional, en la defensa de los derechos humanos frente a los abusos que puedan cometer las empresas. Actualmente, la creación del CCEIDH está apoyada por más de 8.000 organizaciones sociales, sindicatos y cooperativas de todo el país. La propuesta del grupo catalán es que este Centro tenga la capacidad de recibir quejas y denuncias específicas para que los colectivos del Sur Global directamente afectados por empresas que operan en Cataluña puedan dirigirse a él y poner en marcha un proceso de investigación y diálogo entre las partes. También impulsaría propuestas de regulación y diseño de políticas públicas, por ejemplo, en los procesos de contratación pública. Una de las tareas más importantes sería la investigación y el seguimiento de los casos de vulneración de los derechos humanos, sobre todo en países empobrecidos, en la línea de la investigación y la denuncia que ha realizado el grupo catalán. En efecto, desde el inicio este grupo ha evidenciado casos de vulneración de derechos, que han recogido en la web alertaDH –www.alertadh.org– donde se exponen casos de vulneraciones de derechos como el del Rana Plaza, así como otros que afectan, por ejemplo, al holding de empresas del Grupo ACS  (que tiene como principal accionista a Florentino Pérez),  que causa impactos negativos en el ámbito ambiental, social y económico en Guatemala, y que tiene complicidades en zonas ocupadas en Palestina, entre otros. Por desgracia, estos casos se repiten a lo largo y ancho del globo terráqueo sin que nadie disponga de los instrumentos para exigir responsabilidades. De este modo, el capital se reproduce impunemente en todas partes, a expensas de vidas humanas, el desmembramiento de las comunidades locales y el disloque del medio ambiente. ¿En qué se ha avanzado para que el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos sea una realidad? Después de muchos años haciendo incidencia y sensibilización, tanto en el Parlament como en el propio Gobierno de la Generalitat, el grupo catalán presentó a los diferentes grupos parlamentarios una propuesta de ley de creación y regulación del CCEIDH, que fue registrada en primera instancia en el Parlament en julio de 2020, por una amplia mayoría de partidos. Sin embargo, la disolución del Parlament, en diciembre de ese año, obligó a reanudar el procedimiento en julio de 2021, cuando se registró por segunda vez. Desde entonces

«Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos» (MT 5,9)

Analizamos las raíces cristianas de la cultura de la paz y la no-violencia Trabajar por la paz nos sitúa en un plano de compromiso radical de hijos e hijas de Dios. Hemos superado el “no matarás” de un momento de la historia de un pueblo en el que era necesaria una base moral para caminar juntos. En el sermón de la montaña (Mateo,5-7), Jesús hila más fino confiando a los apóstoles y a aquellas personas que quieran seguirle, la que debe ser la conducta ética de los hijos e hijas de Dios. Lo hizo con un mensaje transformador, revolucionario. “Trabajar por la paz” y “ve primero a hacer las paces con tu hermano; ya volverás después a presentar tu ofrenda” son los dos momentos en que la palabra “paz” sale en el sermón. Ahora bien, con la lectura completa del texto bíblico vemos la promesa de que, siguiendo este camino, la felicidad y la paz para todos es posible. En la misa, en el rito de la paz antes de recibir la comunión, pedimos a Cristo el don de su paz. Con el gesto de paz fraternal nos preparamos para recibir su cuerpo. La paz es un don. Y como todo don, lo recibimos y lo damos. Si negamos la paz es porque nace esta negación dentro de nosotros. Es necesario, por tanto, un compromiso personal firme para hacer de nuestra vida un ejemplo de este don. La expresión del compromiso también se realiza con la participación en la acción colectiva por la paz. En relación con la invasión de la Franja de Gaza, el 28 de abril se hizo una “Peregrinación por el alto el fuego en Gaza”. Trece entidades, entre ellas FundiPau, fueron las organizadoras y reunió a más de 200 participantes. Antoni Soler, que fue presidente de FundiPau, participó en el programa Llevat dins la pasta, de Ràdio Estel, y definió el estado de ánimo de las personas comprometidas con la paz en la tierra de Jesús: “No podemos hacer nada más que estar absolutamente indignados e irritados por cada minuto que pasa en Palestina sin que el alto el fuego sea un hecho y sin que se construya una situación de dignidad y de justicia para todo el mundo que permita una convivencia estable en la zona”. Conflictos actuales y de siempre El papa Francisco, en el discurso de inicio del año del 8 de enero pasado ante los 184 miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, les dijo: “El mundo está atravesado por un creciente número de conflictos que lentamente transforman lo que he definido muchas veces como ‘tercera guerra mundial a pedazos’ en un verdadero y propio conflicto global”. Denuncia, también, que “la disponibilidad de armas incentiva su uso e incrementa su producción. Las armas crean desconfianza y desvían recursos. ¿Cuántas vidas podrían salvarse con los recursos que hoy se destinan al armamento?”. Y afirma: “La guerra es una inmensa tragedia y una cruel masacre” y el camino hacia la paz “pasa por el diálogo político y social, porque es la base de la convivencia civil en una comunidad política moderna”. Este discurso lo pronunció cuando llevaba dos años del intento de invasión de Ucrania por parte de Rusia, conflicto que aún dura, y más de dos meses de la invasión israelí de la Franja de Gaza. Conflictos bélicos virulentos en los que la sociedad civil se ve rodeada por el terror, el hambre y la muerte, y muy en particular las mujeres, como explica Vicky Moreno Campón, feminista antimilitarista que trabaja por la no violencia y la paz desde Mujeres x Mujeres (entidad que nació cuando se inició la guerra de los Balcanes y se tuvo noticias de que miles de mujeres de Bosnia, Croacia y Serbia habían sido violadas): “La guerra es un plus de violencia para las mujeres porque nuestros cuerpos reciben la mayor parte de la violencia en forma de violaciones, secuestros, chantajes, matrimonios forzados, etc.”, explicó en el programa Llevat dins la pasta, de Ràdio Estel. “Las guerras son el mayor exponente de las violencias. Son los valores de la masculinidad hegemónica por excelencia, en los que se sigue glorificando el papel del héroe, mientras que el papel de las personas que quieren alternativas a la guerra (insumisión, objeción o deserción), no tiene ningún valor”, argumenta Vicky Moreno. Esta maestra jubilada pone el acento en lo que ocurre cuando la guerra se acaba: “Muchas veces la posguerra es muy dura también. Las mujeres víctimas de estas situaciones no han tenido a disposición recursos para poder iniciar todo un proceso de curación no sólo físico (que también) sino también emocional.” Desinvertir en la economía de guerra Las universitarias y universitarios se han movilizado para exigir a sus universidades que rompan lazos con Israel. Es un boicot económico con la retirada de fondos a empresas y universidades vinculadas a ese estado. El movimiento del boicot se creó en 1959 en Reino Unido para pedir a los consumidores que se abstuvieran de comprar productos sudafricanos en protesta por el régimen racista de Pretoria. Fue una movilización internacional que tuvo efectos, entre otros, con el boicot a la participación de equipos sudafricanos en competiciones deportivas. Lo que empezó como un boicot comercial de los consumidores pronto se transformó en una campaña en pro de sanciones económicas y del aislamiento total de la Sudáfrica del apartheid, hasta su caída. El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) pide boicotear a las empresas que apoyan a Israel, en protesta por su régimen de apartheid en los territorios palestinos, y ahora por la guerra en Gaza. Son empresas con marcas que todo el mundo conoce, y está a nuestro alcance tomar la decisión de no consumir sus productos. Desescalar los conflictos y no alimentar a la industria de la guerra puede acabar llevando al deseado proceso de negociación de la paz en el que, “lamentablemente, las mujeres pintan poco, porque no se las considera suficientes protagonistas o capacitadas para estar en una mesa de

Sindicatos y ecologismo. ¿es posible el entendimiento?

Los dos movimientos valoran el acercamiento de posiciones y que es posible definir luchas compartidas A menudo, desde los medios de comunicación se presentan enfrentadas las tesis del sindicalismo con las del ecologismo. ¿Qué hay de cierto, qué hay de impostura? Desde Luzysal, hemos querido sentar en una misma mesa al militante Salva Clarós, responsable de política sectorial en la Secretaría de Acción Sindical y Transición Justa de CCOO de Cataluña, y a Marc Collado, militante de la JOC en Madrid y actual trabajador administrativo del Consejo de la Juventud de España, que participó como delegado con la Fundación Nous Horitzons en la última COP26 en Glasgow. “El sindicalismo de clase se propone cambiar la sociedad y transformar el mundo y esto, en estos momentos, incluye hacer frente al cambio climático. Pero no nos quedamos sólo aquí, queremos transformar el modelo económico, productivo, energético, de movilidad… Es cierto que el sindicalismo defiende los puestos de trabajo y estas transiciones conllevan pérdidas o transformaciones de puestos de trabajo. La transición debe ser justa y desde el sindicalismo no debemos ser reactivos, sino proactivos”, defiende Clarós. Desde la posición ecologista, Marc Collado se lamenta de que “llegamos tarde; para hacer una transformación de forma ordenada y acompañando a todos los colectivos deberíamos haberlo abordado hace veinte años, cuando nadie se tomaba en serio el calentamiento global ni la alta dependencia del carbono”. Un factor que muy probablemente ha aplazado la cuestión ha sido la crisis económica de 2008. Con una mirada internacional, también encontramos a los países del Sur global donde la “necesidad de desarrollo pasa por delante de los objetivos del Acuerdo de París”. Ambos están de acuerdo en que el punto de encuentro de los dos movimientos (y otros muchos: feminista, indigenista, jóvenes…) es la transición justa y que hay que luchar contra la idea de “no transformar la economía para salvar el capital y seguir dejando a gente atrás”, según Collado. De hecho, recuerda Salva, la transición justa ya fue asumida por las Conferencias del Clima de París y Katowice: “La transición no debía realizarse bajo criterios de mercado y debían ponerse los recursos necesarios para acompañar a toda la población, que los trabajadores no paguen su coste”. El ejemplo del cambio de modelo de movilidad Les pedimos aterrizar en un caso práctico, el cambio de modelo de movilidad, con las Zonas de Bajas Emisiones obligatorias en las ciudades, que prohíben la circulación de los coches más contaminantes (precisamente, los de las personas con menos recursos) para dejar paso al coche eléctrico. Clarós apunta la vía para resolver este conflicto con el concepto de estado emprendedor (de la economista Marina Mazzucato): “El Estado debe ser proactivo y debe poner los recursos y las inversiones necesarias para impulsar los cambios y ayudando a que las personas no queden descolgadas”. En particular, si la movilidad eléctrica elimina puestos de trabajo, el estado emprendedor debe provocar que estos puestos deben reconvertirse e incorporarse a nuevas tareas. Sin embargo, el militante de ACO va más allá, el cambio de modelo en el fondo implica replantearnos si hay que moverse tanto y hacer un uso más intensivo del transporte público (urbano e interurbano, puestos de trabajo más cercanos al lugar donde se vive), tendiendo a comprar un servicio (kilómetro de desplazamiento), antes que el bien (vehículo manufacturado), lo que provocaría esta permuta de puestos de trabajo. El hecho es que el Gobierno español inyectó en 2022 nuevas subvenciones a la industria del automóvil (intensiva en mano de obra) provenientes de fondos europeos (2.975 millones para el vehículo eléctrico) a los que hay que añadir 1.977,8 millones en subvenciones a la compra de coches de la última década. “No podemos dedicar tantos y tantos recursos a ir alargando el problema de la movilidad con subvenciones a industrias contaminantes (a menudo con la amenaza del peligro de deslocalización de la industria del automóvil), haciendo que no podamos ser tan ambiciosos en los compromisos de reducción de emisiones y en que al final perdemos todos”, se lamenta Collado. Para Marc, “el carbón y otras energías son grandes emisores, pero el problema está en la demanda: hay que decrecer en cosas contaminantes y sustituirlo por alternativas menos contaminantes y que nos hagan menos dependientes del exterior”. Y, en lo que respecta al transporte público, considera que “es un derecho movernos, independientemente de la demanda que pueda tener una línea de tren o autobús determinada”. Otra clave para Salva y Marc es crear nuevas industrias: “Se necesitan nuevos sectores que sean capaces de incorporar mucha mano de obra. Un ejemplo sería la economía circular, la recuperación y reutilización de materiales; se trata de nueva industria localizada (actualmente exportamos muchísimos residuos), que permite fijar población, reducir emisiones e incorporar sectores no calificados”, sostiene Marc. El papa Francisco anota muy bien en Laudate Deum salidas en falso: “Cuando se piensa en empezar una iniciativa con inversión fuerte sobre el medio ambiente y efectos contaminantes altos, se anima a los pobladores de la zona hablándoles del progreso local que se podrá generar o de las posibilidades económicas (…). Pero en realidad no parece que les interese en serio el futuro de estas personas, porque no se les dice con claridad que detrás de este emprendimiento la tierra quedará arrasada”. Salva, precisamente, celebra que “el Papa está muy en sintonía con los cambios que operan en el mundo y levanta la voz ante cosas muy graves que están pasando. Laudato si es insólita en una Iglesia romana (inmovilista) donde nunca se habían puesto estos acentos”. Para Marc, además, el Papa “da una metodología en Fratelli tutti: la necesidad del compromiso social y político de los cristianos para transformar la sociedad y vivir el Reino de Dios aquí y ahora. De hecho, con los compromisos de reducción de emisiones actuales, en 2100 habrá un incremento de la temperatura global de 2,7 grados, y si no se cumplieran se superarían los 4 grados. Si algo nos debe caracterizar a los cristianos es la esperanza,

Ser dignidad o ser esclavitud

La aceptación acrítica de las tecnologías en los centros educativos está completando una transformación del mundo de la enseñanza que pretende la absoluta mercantilización de cuerpo y alma[1] Puertas abiertas: “¡Yo no soy tonto!” Os preocupa la educación de vuestras criaturas. Perfecto. Pues recorred, como si de un supermercado se tratase, diversos centros de enseñanza que se muestran como productos en competencia. Y es así, gracias a la falsa «libertad de elección de centro», la autonomía de centro o la financiación deficitaria del sistema educativo que, de la mano del cambio ideológico, ha transformado la educación en un servicio individualizado en vez de entenderse como un derecho comunitario. Y en este mercadeo de alumnado para no perder líneas, en el que los centros miran de marcar un perfil propio y deslumbrar a las familias, juega un papel importantísimo el marketing tecnológico como cortina de humo. Pósters diseñados con Canva, impresiones de plóters gigantes, material audiovisual grabado con dron, pizarras digitales, robots de Lego, impresoras 3D, ordenadores Toshiba o incluso la oferta de un Chromebook con la matriculación al primer curso de ESO…, son ganchos lanzados a las familias para mantener cuotas de mercado en una estrategia que banaliza la educación y es, ciertamente, poco ética. Y si esta realidad se ha impuesto en la escuela pública, mejor que no hablemos de la escuela privada. Pero la venta del producto —educativo— va mucho más allá del objeto —tecnológico— y los suculentos ingresos empresariales provenientes de fondos públicos. Esta es solo la punta del iceberg. La gestión de la cotidianidad, en manos privadas Tenéis que saber que la gestión diaria de los centros ha virado hacia el tótem de la modernidad y el utilitarismo, dejando de lado otros ingredientes como los aspectos más humanísticos, el contacto personal o la propia brecha tecnológica de familias y generaciones. Así, plataformas online se imponen como canales de comunicación principal con las familias, la entrega de notas o el contacto entre docentes, pero también otros aspectos que van desde el seguimiento de la asistencia, la reserva de espacios, la facturación, los inventarios o la gestión de plantillas, en muchísimos centros educativos. Otra vez, la falta de recursos humanos y el nuevo marco gerencial impuesto a los centros nos lleva a buscar soluciones aunque estas pasen por hipotecar parte de nuestro presupuesto hacia estos servicios privados como son Additio o Ieduca. Y fijaos si es así que esta última plataforma anuncia en su propia web tener más del «40% del mercado de centros públicos catalanes». ¿Cuánto dinero público tienen que recibir estas empresas? ¿Dónde está el Departamento de Enseñanza? No podemos separar esta privatización del día a día, en la que tendríamos que incluir también a las personas invisibilizadas y precarizadas responsables de la limpieza, la alimentación o las extraescolares de nuestros niños y adolescentes, de esta nueva concepción gerencial de la escuela, la escuela hecha empresa. Y hablando de personas invisibilizadas: toda esta incorporación masiva de tecnologías exige un trabajo inmenso de mantenimiento, de software y de hardware, inasumible por el centro, hecho que supone o bien la explotación de la persona docente responsable digital del centro o la contratación de empresas externas…, y más privatización. El Decreto de Plantillas, conjuntamente con el de Autonomía de Centros y el de Direcciones, impulsan el cambio de modelo de gestión y su mercantilización, en el que todo el mundo compite: el personal docente, los equipos directivos o los propios centros educativos entre ellos, todos bajo la premisa de la productividad. La concepción de la igualdad, la redistribución o la democracia quedan marginadas. Y ya sabemos que en el caso de la escuela privada (concertada o no) es así, porque es concebida propiamente como un negocio (en forma de fundación o cooperativa que está, además, subvencionada con dinero público) y las familias son solo clientes, pero en la escuela pública también se está dando esta transformación. Tu criatura requiere de entornos adaptados: ¡compra revolución tecnoeducativa! Familias, si con alguna cosa no os marearán entre centros es con el entorno de aprendizaje, con esto podéis estar tranquilas. Estimadas familias, el Departamento de Enseñanza (ahora, Departamento de Educación) y las escuelas del territorio hemos decidido hacer omisión de responsabilidad y hemos entregado a Google (filial de Alphabet Inc.) esta faena. Pero no os asustéis por el hecho que una multinacional de la publicidad se dedique a la tarea pedagógica de vuestras criaturas. El sentido filantrópico y ético de esta empresa ha promovido un programa, gratuito y vocacional, para mejorar la enseñanza: Google for Education. Y se ha comprometido a no robar los datos. Tota la interfaz de trabajo, el correo de Gmail, el almacenamiento en la nube del Drive para poder guardar las elaboraciones propias del alumnado hechas con las herramientas del Workspace como los trabajos hechos con Docs o las páginas web facilitadas por los modelos de Sites, y todo pasando por el canal coordinador del aula virtual del Classroom, están diseñados para «aumentar la productividad y optimizar el trabajo de los alumnos», afirma el monstruo de Silicon Valley. Desgraciadamente, este no es el único caso de intrusismo del mundo de los negocios haciendo educación: la producción privada y privatizadora en el mundo digital educativo es una inmensa realidad. Lo llaman EdTech. Y es que vuestra preocupación por la educación de los niños es ciertamente fundamentada, y el mundo ha cambiado mucho desde que vosotros estudiasteis. Pero esto también lo saben las «empresas del negocio de la educación». Así que se llenan las manos y el móvil con anuncios publicitarios de grandes proyectos solucionadores de todos los problemas y que aseguran el éxito educativo de tu hijo y su futuro laboral. La incorporación masiva de las tecnologías y el mundo digital sirven de palanca para acelerar un cambio metodológico de fondo que requiere ser alimentada. Así, y bajo un bonito paraguas de palabras maltratadas y desvirtuadas como son la inclusión educativa, la igualdad social o la innovación pedagógica, se presentan proyectos que se basan en dos ideas: la escuela

Entender qué es vivir en el campo y vivir del campo

Texto e ilustraciones: Vanesa Freixa. Ganadera, activista rural e ilustradora.Fue directora de la Escuela de Pastores de Cataluña y del proyecto Obrador Xisqueta Una aproximación a las problemáticas existentes y qué podemos hacer para revitalizarlo Vivir en el campo y del campo es un acto de resistencia sobrehumano, pero allí también hay numerosos proyectos preciosos que generan la posibilidad de vivir conscientemente, autónomamente, inyectando amor y orgullo por el oficio, por la tierra que trabajan y maximizando el valor y el respeto por los alimentos que hacen. Esto tendría que ser el sentimiento generalizado de nuestros campesinos. Hoy no se me ocurre ninguna actividad que sea tan digna y que a la vez se encuentre tan precarizada. Y es que el mundo rural vive procesos de inacción altamente destructivos tanto para el tejido social como para el económico. El mundo rural se siente abandonado, incomprendido y no ayudado. Un malestar que no responde a ideologías sino a las necesidades básicas no resueltas, a menosprecios y a ignorancia arrogante por parte de quien se sienta en sillones de piel azul. Pero ¡atención!, la afectación de todo esto apunta principalmente a unos, al sector extensivo, al campesinado de tamaño pequeño y mediano, al pastoreo, al sector lechero familiar. Mientras tanto el resto, de momento, vive todavía en una abundancia que empieza a desmoronarse. Al fin y al cabo, lo que se defiende son los derechos no solo de un colectivo sino de un territorio que básicamente ha sido modelado a beneplácito de un sistema económico que ha deslocalizado las producciones y ha buscado el máximo beneficio económico para la mayoría de actores de la cadena alimentaria exceptuando, justamente, a quien produce los alimentos: los campesinos. El campesinado siente que no llega, que no tiene tiempo para organizarse, para generar una nueva voz que los represente. Porque muchas veces tampoco se entienden entre ellos, porque en vez de unirse por lo que significan, por lo que tienen en común –que es mucho– se menosprecian por sus prácticas, por el modelo que (no) han escogido. Deliberadamente, a través de las políticas agrarias, se ha llevado el sector primario a la atomización y, por tanto, a debilitarlo como colectivo que son. Radiografía del campo: Industrialización intensiva El actual sistema alimentario de los países ricos se basa en una producción INTENSIVA INDUSTRIAL. Lo pongo en letras mayúsculas porque a menudo, muy a menudo, parece que esto se olvida. Que somos una sociedad alejada de la vida en el campo es más que una evidencia, pero lo que desvela este debate es el desconocimiento, en general, que la población tiene en relación con cómo se pueden producir los alimentos y su efecto en el medio y en este presente-futuro que tanto nos preocupa. Ahora bien, como nos recuerda Arnau Montserrat: “La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce que, a pesar de que la agroindustria utiliza el 80% de los recursos, solo produce el 30% de los alimentos. Una lista numerosa de estudios confirma que las campesinas, a pesar de utilizar solo el 25% de la tierra cultivable del mundo, alimentan entre el 66% y el 75% de sus habitantes. Son datos para tener en cuenta la próxima vez que os den la paliza con la eficiencia de los mercados.” Por un lado, tenemos la ganadería intensiva, mayoritaria en nuestro país y que consiste en tener confinadas diferentes especies animales de razas productivas en granjas para producir el máximo de carne en el mínimo tiempo posible, sin tener contacto con prados ni luz solar en la gran mayoría de los casos. Son industrias alimentarias las que son las propietarias o que acaban integrando a muchas granjas propiedad de antiguos campesinos –haciéndolos dependientes– y que necesitan muchísimas hectáreas para justificar el vertido de purines, que aquí continúa siendo incontrolado, y que ocasiona gravísimos problemas ambientales de una manera muy intensa en las tierras de Lérida y en la Cataluña central. La huella de la ganadería intensiva en la perdurabilidad de nuestra especie en el planeta es enorme: por ejemplo, del 14,5% de los gases, un 11% proviene del transporte vinculado a este modelo alimentario. Además, las condiciones de vida de estos animales, aunque se sigan las normativas de bienestar animal, están muy alejadas de lo que es natural. De la misma manera se alimentan de piensos que no provienen de la agricultura ecológica, muchas veces importados de fuera, y medicalizados. Una vez llegado el momento del sacrificio (70 millones de animales se matan anualmente en España), los animales son transportados por decenas en camiones a grandes mataderos para ser sacrificados y llegar a nuestras mesas y poder comer proteína animal de muy baja calidad y en cantidades muy superiores a las que necesita nuestro cuerpo. Si aquí hablásemos de la agricultura intensiva, también tendríamos que añadir la explotación laboral normalizada que hay detrás y la gran cantidad de productos químicos que son vertidos en estos productos. Se estima que el 90% de la producción mundial de carne y de pescado proviene de granjas y piscifactorías industriales. Hay una falta de políticas públicas que acompañen y garanticen la tierra a un número cada vez más significativo de personas que, fuera del marco familiar, quieren acceder al oficio aplicando este otro modelo de economía circular e incidencia positiva en el entorno rural. ¿Y cuál es el resultado de todo ello en nuestro entorno inmediato? Una homogeneización del paisaje y un incremento de la masa forestal de la cual –en general– no se hace ninguna gestión y, por tanto, acaba siendo un polvorín para futuros grandes incendios forestales (como hemos visto, desgraciadamente, este verano pasado). Si no actuamos en esta dirección, lo que cambiará drásticamente será el paisaje de Cataluña, como ya ocurre en otros lugares del mundo. Y quizás teniendo en cuenta esto podremos entender mejor que escoger un modelo alimentario u otro tiene una incidencia capital y, sobre todo, que hacer políticas que garanticen el acceso a la tierra es un pilar

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