En España, más del 90% de los delitos de odio no se denuncian: de 226.000 incidentes en cinco años, sólo 8.400 llegaron a juicio. La desconfianza y la falta de protocolos levantan una barrera entre víctimas y justicia. El caso reciente de Torre Pacheco lo muestra: jornadas de caza con más de 700 implicados que acabaron con apenas 10 detenidos, siendo las organizaciones sociales quienes denunciaron los hechos, asumiendo un papel que debería ser del Estado.
Por este motivo, desde la sociedad civil organizada se está promoviendo una ILP para que exista una Ley integral para la prevención, tratamiento y protección frente a los delitos de odio. Esta ley permitirá que existan protocolos comunes en todo el país para proteger a las víctimas y atención integral, un registro estatal centralizado de estos delitos y formación específica obligatoria para las fuerzas de seguridad y administración de Justicia. Se prevé que el 15 de octubre se presentará el texto oficial ante la Junta Electoral Central y a partir de diciembre ya se recogerán firmas (500.000 en 9 meses). ACO está valorando adherirse y el grado de compromiso. Toda la información está en la web: https://www.ilpdelitosdeodio.es/
También se puede consultar el comunicado de la Plataforma de entidades Cristianas con las personas migrantes ante la quema de la mezquita de Piera y otros actos racistas.
