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En el mundo millones de personas trabajan en condiciones inhumanas y el trabajo forzado e infantil están a la orden del día. En muchos países existen salarios por debajo del nivel de subsistencia, mientras que muchas personas siguen trabajando con unas normas de seguridad que ponen en peligro su vida, sufriendo consecuencias para la salud. El medio ambiente también sufre, con un impacto devastador ya en el presente y en los medios de vida de millones de personas.

Precisamente, en el Parlamento Europeo se está tramitando una ley que debe tener un impacto importante en las empresas y trabajadores, los derechos humanos y el medio ambiente. Es la Ley de diligencia debida en la cadena de suministro, sobre la que el Movimiento de Trabajadores Cristianos Europeo quiere poner la atención en el Día de Europa, que se celebra el próximo 9 de mayo. El 23 de febrero de 2022 se aprobó la "Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad". El Proyecto de Ley fue adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2022 y en mayo se espera que el Parlamento Europeo acuerde una resolución. Desde ACO hemos preparado este comunicado. Y también recordamos que en la ponencia de esta última Semana Santa, que hizo Salva Clarós, se abordaba la cuestión de las responsabilidades en el cuidado del planeta y las implicaciones del sistema económico.

Esta ley hace hincapié en respetar los derechos humanos en el seno de las empresas y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en aquellas organizaciones en las que se tenga alguna participación. Esto, en una economía cada vez más globalizada y liderada por transnacionales, de hecho, muchos de los productos y servicios que consumimos son elaborados de forma compleja por transnacionales con proveedores y trabajadores de distintos países.

Aportaciones sindicales para mejorar la ley

En el espacio Llevat dins de la pasta de Ràdio Estel el pasado 19 de abril participó Cristina Faciabén, secretaria confederal de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO. Explicó en primer lugar qué es la cadena de suministro (también conocida como cadena de valor/producción): «Consiste en todos los eslabones (piezas) que tiene un proceso de producción y distribución de productos. Quiere decir que existe una empresa matriz (normalmente ubicada en el Norte global) que deslocaliza su producción hacia el Sur, generalmente.» Y puso el ejemplo de Inditex, la multinacional española de ropa que no produce en España sino en los países del Sur: Turquía, Marruecos, Bangladesh o Vietnam, por ejemplo. La estructura completa es la cadena.

Faciabén recordó que el principio rector n. 11 de las Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos dice que «las empresas deben respetar los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación», lo que implica «tomar las medidas adecuadas para prevenirlas, mitigarlas y, en su caso, remediarlas». Pero lo cierto es que «desgraciadamente, no tiene carácter vinculante; es un deseo, en estos momentos las empresas no están, todavía, obligadas a hacerse responsables de sus vulneraciones de los derechos humanos o de los derechos medioambientales. Continúan explotando y violando reiteradamente los derechos a lo largo de estas cadenas de suministro. Y no son penalizadas por ese motivo».

Los sindicatos y otros actores sociales son críticos con el borrador del proyecto de ley, mientras la patronal lo considera excesivo. «Defendemos como modelo el tratado vinculante, un documento en el que se está trabajando desde hace años en el marco de Naciones Unidas para hacer realidad la teoría que antes indicábamos. Tiene carácter vinculante y esto significa que las empresas están obligadas a cumplir y a reparar a las víctimas; y, de no hacerlo, serían sancionadas. La directiva, que está en discusión todavía, es demasiado laxa porque deja fuera a la inmensa mayoría de las empresas que deberían estar dentro (topes en número de trabajadores y de volumen de negocio)», explicó Faciabén. La sindicalista también considera que en el borrador existen mecanismos que no son suficientemente rigurosos y que hay un nulo reconocimiento de la participación sindical.

Una vez que esta directiva se apruebe será de obligado cumplimiento por los Estados miembros de la UE, que tendrán que adaptarla a su legislación. Alemania, Francia u Holanda, por ejemplo, han aprobado ya leyes nacionales con estos principios. Faciabén se lamentaba de que «en España perderemos, desgraciadamente, una oportunidad de oro que teníamos. Desde el Gobierno español se impulsó una ley española de diligencia debida. Participamos activamente en el proyecto de ley; era novedosa y mejoraba la ley francesa, que es suficientemente buena, pero políticamente se ha impedido que salga adelante en esta legislatura».

Faciabén relataba que «el empresariado español no estaba de acuerdo en esta normativa porque consideraban que era demasiado restrictiva. Pero si una empresa tiene diligencia debida en su actividad, debería querer que haya una ley que persiga a las empresas que no lo hacen, así se evitaría la competencia desleal». Por último, como consumidores también interesa una ley así porque «nos garantiza que lo que estamos comprando se ha producido de forma justa, con las personas y con el planeta. Es muy importante saber que no se están explotando a los trabajadores, que no se está forzando el trabajo, que no se está empleando mano de obra infantil».

Para más información se puede consultar el artículo de Adoración Guamán: "Frente a la irresponsabilidad: razones para aprobar una ley de derechos humanos, empresas y diligencia debida".